Uno de los temas “calientes” en los últimos tiempos es, indudablemente, el de los Derechos Digitales (DRM), y el terreno donde impacta de forma más clara es el de la música grabada. Algunos grupos musicales, como Radiohead, han puesto su último disco en internet para que la gente lo descargue, gratuitamente. Amazon ha decidido vender música sin restricciones digitales y el mismo Microsoft, guardián acérrimo de los derechos digitales, ha dicho que planea poner a la venta 1 millón de canciones sin ningún tipo de restricción para su nuevo reproductor Zune 2.
¿Por qué? Bueno, tal vez algunos se han dado cuenta que es imposible evitar que la gente comparta la música, o que simplemente hagan un resguardo de la misma, la transfieran a su computadora portátil o a su reproductor de mp3. Y se han percatado, además, que la gente detesta las restricciones digitales, que es una política impopular y que criminalizar la copia digital de música no aumentará las ganancias de las empresas disqueras.
Todo el mundo sabe que producir una copia de un documento previamente digitalizado no cuesta casi nada, que transmitirlo a través de internet es sumamente barato. Aún así, el precio promedio de una canción es de 1 dólar, pero está a la baja. La razón de esto es que muchos prefieren bajar la música por servicios P2P, como BitTorrent, aún cuando sea ilegal. Por lo tanto, poca gente está dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero por la música y mucho menos si ésta tiene restricciones digitales para su uso.
Los artistas, por otra parte, se han dado cuenta que las ganancias obtenidas por la venta de su música serán cada vez menores, y que el dinero vendrá de las presentaciones en vivo, de la publicidad y de otras fuentes, como videos y venta de artículos promocionales. La transferencia “ilegal” de la música podría convertirse en algo que la industria (o un sector de ella) promoviera, en vez de penalizarlo, pues ello contribuye a dar publicidad gratuita al artista y aumenta las ganancias por otras vías.
Lo que ofrecen las tiendas digitales de música (como iTunes) es, en pocas palabras, calidad. Con los servicios P2P, el usuario obtiene una copia de la canción, pero muchas de estas descargas son de baja calidad, o representan amenazas para la seguridad de su equipo por el peligro de descargar virus y otro malaware. Y las transacciones mínimas (de alrededor de 20 centavos, para las compras con tarjetas de crédito) mantendrán un precio que difícilmente bajará de 50 centavos de dólar por canción. Sin embargo, cada vez veremos más artistas que pondrán sus obras a disposición del público de manera gratuita, y las ofertas en los portales de música irán haciéndose cada vez más apetitosas.
Yo Opino que no hay marcha atrás en este proceso. La reciente victoria de la RIAA en el juicio contra Jammie Thomas ha despertado las peores reacciones. La opinión pública lo ha tomado como un abuso, como algo injusto (aunque la decisión judicial se apoye en la ley). Ha provocado indignación y es visto como un atropello al usuario promedio, una impopular demostración de poder. Lo más inteligente (por parte de la industria musical) sería desistir de este camino y tratar de recuperar el favor de los consumidores. Para hacerlo, deberán poner en juego toda su habilidad, si no quieren empeorar las cosas. Por lo pronto, las aguas están turbulentas y habrá que ver en qué condiciones queda la imagen de las disqueras, cómo repararán el enojo que han provocado y cómo abordarán el nuevo estado de las cosas.
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Parece que últimamente la RIAA no las ha tenido todas consigo. Un juez federal dictaminó que la multa de 222,000 dólares impuesta a Jamie Thomas era ilegal. Las cosas, desde entonces, han cambiado mucho para la RIAA, cuyas posibilidades de condenar a miles (tal vez decenas de miles) de usuarios de las redes P2P se está esfumando como si fueran pompas de jabón.
Según leo en Ars Technica, al parecer la RIAA ha propuesto una compensación de 200 dólares por cada una de las canciones que el usuario haya puesto “a disposición de los otros”. El sustento de la batalla legal es este punto, precisamente, ya que se ha considerado que poner un producto protegido por las leyes del copyright a disposición de otras personas viola directamente las leyes del copyright, por lo menos en el terreno de la música. Sin embargo, este argumento se debilita cada vez más y al parecer la RIAA ha comenzado a preocuparse tanto por su imagen (bastante deteriorada) ante el público como por la posibilidad de que sean ellos quienes terminen pagando las costas de los innumerables juicios que han promovido.
